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Un contribuyente no incluyó, en su declaración de Impuesto de Patrimonio, un préstamo. Lo hizo porque consideraba que no le había sido concedido a título personal, sino para que se constituyera una fianza por responsabilidades civiles de las sociedades, por lo que, interpretó que carecía de contenido económico.

La inspección de Hacienda consideró que sí debía declararse y, además de liquidar la cuota correspondiente, impuesp una sanción en base a una de esas frases estandarizadas que suele utilizar ” la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable”.

Pues bien, el Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de diciembre de 2016, entiende que, tuviera o no razón, el sujeto pasivo, sí tenía una discrepancia razonable.

Además, el alto tribunal reitera que el simple hecho de que el obligado tributario tenga “experiencia”, disponga de “suficientes medios” y esté “asistido de profesionales jurídicos”» no permite presumir una conducta dolosa sino que, en aras al principio de inocencia, ésta debe demostrarse por parte de Hacienda.