El IAE, la cifra de negocios y los grupos

 

 

La normativa de IAE prevé que están exentas del impuesto las empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios sea inferior a un millón de euros.

Sin embargo, cuando la sociedad pertenece a un grupo de sociedades, el importe neto de la cifra de negocios debe interpretarse sumando el del conjunto de entidades pertenecientes al grupo, lo cual puede llevar a que sociedades con pequeña cifra de ventas, se vean obligadas a tributar por el impuesto si la adición de las ventas de la sociedades del grupo supera 1 millón de euros.

Pues bien, reciente sentencia del Tribunal Supremo, determina que dicho criterio sólo es aplicable si, el grupo en cuestión, está obligado a formular sus cuentas anuales en régimen de consolidación mercantil.

 

Consolidación fiscal y desequilibrio patrimonial

 

 

El Régimen de consolidación fiscal regulado para los grupos de sociedades en la ley del Impuesto sobre Sociedades, prevé que, en caso de alguna sociedad incurra en situación de desequilibrio patrimonial, debe excluirse del régimen.

Debe tenerse en cuenta que la norma concede un año de tregua para restablecer el equilibrio patrimonial.

Por tanto, si el desequilibrio patrimonial se produce a 31 de diciembre del año N y, a la misma fecha del año N+1, ha quedado restablecido, la sociedad no quedará excluida del régimen.

Por contra, si al finalizar el ejercicio N+1 se mantiene el desequilibrio, el grupo deberá presentar una declaración complementaria del ejercicio N excluyendo a la sociedad afectada.

Debe prestarse atención al resultado del ejercicio N+1. En ocasiones ocurre que se adoptan acuerdos mercantiles a lo largo de ejercicio que restablecen el patrimonio en una fecha intermedia concreta, pero que sumadas a las pérdidas del propio ejercicio vuelven a situar el patrimonio neto en situación que obliga a la exclusión en el ejercicio N.

 

La irregularidad de los bonus a directivos

 

 

Es habitual que las empresas variabilicen parte de la retribución del año de sus directivos en función de la consecución de unos objetivos anuales. Los llamados bonus. Esa retribución es evidente que tributa por IRPF en el ejercicio del devengo sin derecho a aplicar ninguna reducción por irregularidad.

Pero, ¿qué ocurriría si se aprobase un plan de retribuciones, también fijado en función de la obtención de los mismos objetivos, pero en este caso, fijados a largo plazo, es decir, objetivos a obtener, por ejemplo, a 3 años vista?

Pues bien, la DGT se ha manifestado en reciente consulta indicando que, si lo que se está planteando, es un mero diferimiento de la retribución anual que se ha venido devengando anualmente, no se podrá considerar rendimiento irregular por lo que no será de aplicación la reducción del 30%.

Por contra, si la retribución planteada en el nuevo plan fijado, nada tiene que ver con el anterior, es exigible al final del período y se imputa a un único ejercicio, podría aplicarse la reducción del 30% siempre que, el contribuyente, en los cinco años anteriores, no hubiera obtenido otros rendimientos con período de generación superior a dos años a los que hubiera aplicado la misma.

En definitiva, conviene ser cuidadoso con “forzar” rendimientos irregulares basados en retribuciones variables, ya que, Hacienda, los mirará con lupa.

 

Vehículos:¿deduzco el 50%?

 

 

Es cuestión conocida que la deducción del IVA de los vehículos está supeditada al porcentaje de utilización empresarial del bien, con una presunción, que admite prueba en contrario, del 50%.

Eso significa que, si el empresario quiere deducir un mayor porcentaje, deberá probar ante la Administración, que la utilización del vehículo para fines empresariales es superior al 50%. Prueba que, desde que se instauró la norma, se ha evidenciado como diabólica. Justificar que se usa el vehículo para fines empresariales es relativamente fácil. Probar el porcentaje de utilización, una quimera.

Pero, cuidado, también significa que si Hacienda quiere aplicar un porcentaje inferior, también deberá probarlo. Así se han manifestado los tribunales cuando la Administración ha tratado de reducir el 50% de deducción aduciendo que el contribuyente no ha justificado la afectación exclusiva a su actividad empresarial del bien.

 

Arrendamiento: El empleado y local es condición necesaria pero no suficiente

 

 

Me repetiré: para que una actividad de arrendamiento de inmuebles sea considerada actividad económica a efectos del IRPF debe disponer de una persona empleada a jornada completa dedicada a gestionarla.

Esa, es condición indispensable, para que una actividad de ese tipo tenga acceso a la exención en el Impuesto de Patrimonio y la bonificación del 95% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Hubo un tiempo, muy pasado ya, en que la mera existencia del empleado y local era considerada suficiente por la Administración para aceptar, ciñéndose a la literalidad de la norma, la existencia de la actividad económica.

Sin embargo, ya hace tiempo que el criterio de la Administración es que, esa, es una condición necesaria pero no suficiente.

Hacienda opina que, para justificar la existencia de actividad económica en el arrendamiento de inmuebles, debe haber la masa crítica necesaria que justifique la existencia de medios materiales y humanos para gestionar la actividad. Así, cuando son pocos los inmuebles puestos en arrendamiento, la Administración no está aceptando la existencia de actividad económica aunque se disponga de los requisitos formales dispuestos por la norma.

La pregunta que reiteran los clientes es ¿cuántos inmuebles son necesarios para que el funcionario de turno considere que hay masa crítica suficiente?.¿5, 10, 25, 50, 100…1000?. No hay respuesta a eso. La inseguridad jurídica es evidente.

Por contra, algunos tribunales han empezado a utilizar la misma filosofía, cuando se evidencia que existe una verdadera actividad económica, para mantener que la misma puede existir aunque no exista un empleado contratado y las labores de gestión sean realizadas por un tercero externo. Habrá que ver como evoluciona este criterio, pero hoy por hoy, es un camino largo, litigioso e inseguro.

 

¿Cómo considerar una subvención en la deducción por I+D?

 

La base de la deducción por Investigación y Desarrollo en el Impuesto sobre Sociedades está constituida, con algunas especialidades, por el importe de los gastos dedicados a esas actividades en el ejercicio. Esa base de deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas -y registradas como ingreso del ejercicio- para el fomentar esas actividades de I+D.

La duda que surge es qué ocurre cuando la Sociedad percibe una subvención por I+D cuándo, la misma, no está vinculada a un proyecto que esté formando parte de la base de la deducción. ¿Debe también minorarse la deducción?

Hacienda en su base de datos INFORMA ha respondido taxativamente que no. Sólo deben minorarse de la base de deducción aquellas subvenciones vinculadas a proyectos de I+D que pretendan acreditarse como deducción.

¿Puede un servidor en España ser un establecimiento permanente?

 

Imaginemos una de esas sociedades cuya actividad requiere de una limitada o nula actividad humana como puede ser la negociación de valores, las webs que comparan precios de vuelos o hoteles o las casas de apuestas.

¿Podría ser su servidor, localizado en España, considerado un establecimiento permanente?

Pues bien, la DGT, en consulta reciente, entiende que ellos es posible, aunque deberían darse los siguientes requisitos:

que sea considerado un “lugar”: según la DGT, un servidor, en la medida en que es un equipo informático con una ubicación     física, puede tener esa consideración.

que esté ubicado en un mismo lugar durante un período de tiempo amplio.

que se realice la actividad mercantil de la sociedad mediante el servidor. Para ello no es necesario la existencia de personal.    Eso sí, la actividad no debe ser   preparatoria o auxiliar sino principal. Para evidenciar esta circunstancias debería realizarse un  análisis funcional de las actividades de la compañía.

que esté a disposición de la empresa (propiedad o arrendamiento).

 

La indemnización a alta dirección no está exenta del IRPF

 

 

Como es sabido, está exenta de gravamen la indemnización por despido laboral que no exceda del límite máximo establecido por el Estatuto de los Trabajadores ni el tope de 180 mil euros previsto por la propia normativa del IRPF.

No obstante, reiterada jurisprudencia ha reiterado que, en el caso de personal de alta dirección, la normativa laboral, no prevé indemnización mínima obligatoria alguna y, por tanto, en caso de producirse tendrá carácter de pactada sin derecho a exención alguna.

Además, debe tenerse cuidado con las indemnizaciones percibidas por los administradores de sociedades -o que lo fueron en algún período antes de su despido- ya que la relación se considera puramente mercantil sin derecho a indemnización ni exención en IRPF alguna. En este sentido conviene recordar la importancia de evidenciar documentalmente la suspensión de la relación laboral en el momento en el que un empleado pase a ser administrador de una sociedad ya que, de lo contrario, en el momento del pago de la indemnización por despido del administrador, se considerará que la relación laboral se extinguió con el nombramiento mercantil no existiendo, por tanto, indemnización laboral alguna ni, por supuesto, exención.

 

Hacienda permite aportar pruebas en reposición no fueron aportadas anteriormente

 

 

Cuando un contribuyente recibe una propuesta de liquidación provisional (la conocida “paralela”) Hacienda le concede un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones y aportar las pruebas para defenderse.

Hasta ahora, Hacienda, consideraba que, si dichos documentos no se aportaban en ese trámite, ya no se podían aportar en recursos posteriores.

Pues bien, por fin, ante la firmeza del Tribunal Supremo, que ha sentenciado en diversas ocasiones que siempre se deben tener en cuenta los nuevos documentos que se aporten, Hacienda ha cambiado el criterio.

Desde noviembre de 2017, en los recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas, se podrán aportar pruebas y documentos no aportados previamente sin que puedan ser rechazados

 

La contratación de servicios externos no convierten el arrendamiento de inmuebles en actividad económica

 

 

Como ya hemos comentado largamente en nuestros consejos fiscales, para que el arrendamiento de inmuebles constituya una actividad económica es necesario que, para la ordenación de la misma, se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

El fin último de esta norma es establecer unos requisitos mínimos, una señal de que existe una mínima organización de medios empresariales, que pueda dar a la actividad tal carácter.

Es por ello que algunas voces se plantean que tal organización puede conseguirse sin necesidad de contratación laboral sustituyendo tal figura por la externalización del servicio de gestión de los alquileres a través de una persona o entidad profesionalmente dedicada a ello.

Pues bien, Hacienda lo tiene claro, si la gestión no es realizada por una persona con contrato laboral a jornada completa, no hay posibilidad de considerar la actividad de arrendamiento como empresarial.