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A diario, la justicia ordinaria, nos muestra casos en los que, presuntos culpables, son absueltos por falta de pruebas suficientes. Todos entendemos que, si no existen pruebas concluyentes del delito, no puede haber condena. Es la llamada presunción de inocencia: todos sabemos qué significa y la mencionamos como algo obvio y racional para el correcto funcionamiento de la Justicia. ¿Es así? ¿Seguro?

Pues, en el ámbito del derecho fiscal, no. Rotundamente no.

Muchos contribuyentes y, por qué no decirlo, muchos asesores fiscales, aceptan como normal que, después de una liquidación de Hacienda se acuerde la imposición de una sanción sin una explicación demasiado detallada de los motivos de la misma.

Y, eso, ¿por qué?
¿Es diferente la justicia tributaria de la ordinaria?. No
¿Cuál es el precepto que elimina la presunción de inocencia en el ámbito tributario?. Ninguno.

Lo cierto es que, la Administración acostumbrada a la “sumisión” de los contribuyentes en materia sancionadora, acostumbra a despachar la motivación de sus expedientes sancionadores con generalidades, frases automáticas de “corta/pega” o, simplemente, afirmando la existencia de conducta negligente sin justificar la misma.

A esa “sumisión”, debe añadirse que la interposición de recursos contra las sanciones es poco atractiva debido a las reducciones del 30%y 25% por conformidad y pronto pago respectivamente. Ambas, fueron legisladas para disuadir la tentación de recurrir con el único objetivo de suspender el pago hasta la resolución del recurso.

Pues bien, la presunción de inocencia es un derecho constitucional y, Hacienda -aunque en derecho administrativo sea juez y parte-, para imponer una sanción, debe demostrar la culpabilidad del afectado. El simple hecho de no ingresar, todo o parte, de un tributo, o presentar una determinada declaración con errores, no es suficiente para imponer, de forma automática, una sanción.

Así lo ha señalado, una vez tras otra, la jurisprudencia, asentando el criterio de que, Hacienda, para imponer una sanción debe explicar detalladamente el motivo de la misma y demostrar el dolo -aunque sea por simple negligencia– del contribuyente.

Por tanto, antes de asumir y pagar una sanción, merece la pena analizar si la motivación dada por Hacienda es suficiente. En caso contrario, valore recurrir.