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Los Tribunales Europeos han obligado a Hacienda a cambiar su criterio sobre la obligación de repercutir IVA, al 21%, por los servicios gratuitos prestados por abogados y procuradores en el turno de oficio al considerar que, los mismos, son voluntarios y onerosos (son pagados por el Estado).

El IVA deberá ser repercutido al beneficiario del servicio.

Con ello se modifica un criterio de la DGT, subsistente desde 1988 que consideraba estos servicios gratuitos, exentos de IVA, por ser obligatorios.

El nuevo criterio entró en vigor el 26-1-2017 y el Gobierno asegura que se hará cargo de ese IVA.